INFORME FINAL: Transicionando al Modelo Acusatorio: Discutiendo los Retos para la Educación y Capacitación Jurídica en América Latina: Informe Final

Informe Final

Durante más de tres décadas muchos países latinoamericanos han introducido elementos del modelo “acusatorio” de justicia penal en el modelo “inquisitivo” preexistente, como parte esfuerzos más grandes para lograr una reforma judicial. Como resultado, los actores del sector de justicia han afrontado desafíos para comprender y adaptarse a los nuevos roles y responsabilidades, y las instituciones del sector de justicia han afrontado presiones que resultan de los vestigios del antiguo sistema y las expectativas del nuevo sistema. Los desafíos de adaptarse a los nuevos roles y responsabilidades, incluido el diseño y la entrega de la capacitación adecuada, han contribuido a la renuencia de algunos actores del sector de la justicia y educadores legales.La corrupción arraigada también ha generado resistencia al cambio en algunos casos. Los problemas con la gestión de la carga de casos han provocado retrasos significativos y una mora judicial en la región. Los desafíos presupuestarios y de programación también han limitado el impacto de la capacitación. La transformación del sistema de justicia penal está íntimamente ligada con la consolidación de la democracia constitucional en la región, y los actores e instituciones del sector de la justicia enfrentan desafíos para garantizar el acceso a la justicia, así como para proteger los derechos de las víctimas, testigos y acusados.La desconfianza persistente, así como los funcionarios ineficaces o corruptos, son un elemento de disuasión disuaden a algunas víctimas de reportar delitos. En algunos casos, el Estado no puede o no está dispuesto a brindar protección adecuada a las víctimas ni testigos. La gestión ineficiente de casos causa largas esperas antes de la judicialización de los casos tanto para las víctimas como para los acusados. En este contexto, la desconfianza pública del sistema de justicia penal se mantiene en gran parte de la región. Los datos de la opinión pública muestran que un número significativo de latinoamericanos carece de confianza en el sistema de justicia, y en un nivel aún más básico, muchos simplemente no entienden cómo funciona o se supone que funciona el sistema de justicia. Sin embargo, en este sentido, ciertas características del modelo acusatorio, como los juicios públicos, la comparecencia personal de las víctimas y los acusados, han ayudado a construir un entendimiento mutuo y confianza entre los actores del sector de la justicia y aquellos a quienes sirven. En toda la región, existe un malentendido entre el entendimiento que tienen los actores del sector de la justicia de sus nuevos roles en el modelo acusatorio, y las representaciones que hacen los medios del nuevo sistema. En algunos casos, las instituciones del sector de la justicia utilizan canales coordinados y oficiales para comunicarse con los periodistas, a fin de estandarizar la información que proviene del poder judicial, pero la mayoría de los países de la región no tienen esa práctica. Así también, las instituciones del sector de la justicia en muchos países de la región no generan ni mantienen vigente información oficial y pública disponible sobre el sistema de justicia.Los participantes del simposio se dividieron en tres grupos de trabajo, cada uno de los cuales participó en discusiones centradas en un área temática diferente (“Educación jurídica a nivel universitario”, “Capacitación para jueces y fiscales” y “Capacitación para abogados”). Al final de este informe, aparece un conjunto de recomendaciones basadas en las discusiones de los Grupos de trabajo (37 recomendaciones en total). Las recomendaciones cubren una amplia gama de temas, como el diseño del plan de estudios de derecho en las universidades, la pedagogía, los incentivos profesionales para la participación en la capacitación, la definición adecuada de roles para los diferentes actores del sector de la justicia en el proceso de capacitación, y otros.